Las cuentas del Ministerio de Educación fueron embargadas por un monto de 950 millones de pesos, por incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre del 2014, que le ordenó pagar incentivos laborales a técnicos de esa institución, basándose en la evaluación de desempeño del año 2012.
El embargo retentivo al Ministerio de Educación fue trabado en las cuentas del Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la Dirección de Presupuesto, a fin de que inhabiliten la suma adeudada a los técnicos, para seguridad del cobro.
Los técnicos también presentaron una demanda en responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en contra del ministerio de Educación y de su titular, Roberto Fulcar, y del Estado dominicano, en procura de que le sean resarcidos los daños y perjuicios que se les ha causado por el desacato del fallo.
Los técnicos fueron favorecidos con la sentencia TC-0415-16, emitida por el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre de 2016.
Luego, ante las gestiones realizadas ante la Unidad de Ejecución de Sentencias del TC, fue designó al juez Miguel Valera Montero, como conciliador, logrando un acuerdo transaccional mediante el cual el Ministerio de Educación se comprometió a erogar los recursos, ascendente a más de 1,600 millones de pesos.
El Ministerio de Educación suscribió el 24 de mayo del 2022 el acta de conciliación número 0004-2022, que homologó el contrato transaccional número 0282, suscrito con los técnicos de educación.
Mediante ese acuerdo, el Ministerio de Educación se comprometió a pagarle el 50 por ciento el 30 de julio del 2022, lo cual no ocurrió.
Las acciones legales fueron presentadas por los técnicos a través de los abogados Wilson Tolentino, Máximo Calzado y Caonabo Martínez, y anunciadas en rueda en una rueda de prensa con la participación de varios técnicos.
Dificultades
“Nos sentimos mal y queremos que el incumbente de Educación resuelva este tema”, expresó Francisco Javier Álvarez, quien habló en representación de los técnicos
Sostuvo que se sienten desesperados por la tardanza en cobrar los incentivos laborales que le corresponden y que le fue ordenado a Educación mediante sentencia.
El abogado Tolentino precisó que a cada técnico le corresponde entre 450,000 a 700,000 pesos. Hizo un llamado a las autoridades de Educación a que respeten la ley y las decisiones del Tribunal Constitucional.
Expresó que hay técnicos enfermos y tienen grandes carencias. Indicó que lo que están reclamando no es una dádiva, sino un crédito laboral.
Dijo que el ministerio de educación ha hecho caso omiso a la palabra empeñada, al incumplir el acuerdo.
De su lado, el abogado Máximo Calzado deploró la tardanza del Ministerio de Educación en ejecutar el fallo del TC.
Señaló que han hecho ingentes esfuerzos por resolver este tema desde el año 2016.
