Santo Domingo.- Braulio Michael Batista Barias y Alejandro Martín Rosa Llanes, supervisor de la Unidad de Bienes Incautados y director de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República (PGR), respectivamente, son imputados en el caso Medusa por formar parte del entramado de corrupción y negociar con los decomisos.
Así lo indica el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, documento que expone las maniobras fraudulentas que ambos utilizaban para obtener ganancias personales a través de los bienes ocupados por la institución y que estaban bajo su custodia.
El órgano les atribuye coalición para cometer actos de corrupción; soborno; prevaricación; estafa contra el Estado; lavado de activos, constituyendo crímenes y delitos sancionados por la normativa penal vigente; mediante villas, vehículos, invernaderos, así como otros bienes que estaban en posesión de la PGR.
“Los acusados Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martin Rosa Llanes, teniendo a su cargo la custodia y preservación de los bienes incautados como parte de sus funciones, se beneficiaron de los mismos dando un uso personal directo, usufructuando, sin asignación alguna de bienes incautados tales como villas, vehículos, invernaderos, así como otros bienes, tal y como se relata en la presente acusación”, dice la acusación.
Asimismo, el Ministerio Público expone que el imputado Batista Barias de igual forma asignaba bienes bajo su custodia a personas claves de la estructura con el objetivo de ser utilizados en la campaña política y para beneficio personal, “conductas que se consideran reprochables”.
El documento cita la asociación de malhechores en la que incurrieron los acusados para apropiarse ilegalmente de un inmueble ubicado en el municipio Constanza, provincia La Vega, incautado en el caso del nacional francés Michel Pierre Vincent Loubet, quien fue deportado desde la República Dominicana hacia España en el año 2019.
Igualmente, precisa que los individuos estafaron al señor Juan Rodríguez Santos, quien le entregó la suma en efectivo de RD$1,500,000.00, por concepto de depósito de cinco meses por adelantado de alquiler de un invernadero en Constanza, en razón de RD$300,000.00 por mes.
Según el órgano acusador, le aseguraron a Rodríguez que cuando el inmueble se vendiera en pública subasta, a quien le daban la primera opción de compra era a quien estuviera ocupándolo y que lo podía conseguir a un buen precio a la hora de la venta.
En ese sentido, este realizó otros 4 pagos de mensualidades, entre diciembre 2019 y marzo 2020, de acuerdo a sus declaraciones ofrecidas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pagos que no se reflejaron en la PGR “porque fueron distraídos por los acusados”.
