Además del impacto económico, por «malgastarse» más de 10 mil millones de pesos, la construcción de los centros de corrección de La Nueva Victoria, de Barahona y San Juan, durante la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, generó un “enorme impacto ambiental”, plantea la acusación del Caso Medusa.
El documento da como ejemplo a La Nueva Victoria, que sustituiría a la cárcel más popular del Gran Santo Domingo, pero se levantó en un sistema de humedales protegidos por una convención internacional suscrita por la República Dominicana.
Según el Ministerio Público en la acusación de la Operación Medusa, los edificios del complejo de La Nueva Victoria, ubicado en el Paraje Las Parras, sección Mata de Palma, Municipio San Antonio de Guerra, se sepultó también “varios de los cuerpos hídricos”, violentando la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sostiene que los artículos que se infringen son los 129,136, y 137 de la referida ley de medio ambiente, relativos a zonificación hidrológica, conservación y aprovechamiento forestal.
“En tal sentido se deberá ejecutar un plan de remediación para garantizar el retorno del equilibrio ecosistémico en coordinación con la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así mismo se recomienda la realización de estudios de inundabilidad con modelos hidráulicos para valorar el riesgo de inundación para la consideración de alternativas de uso para las infraestructuras, en tal sentido se recomienda la cancelación de la Licencia Ambiental Núm. 0354-19”, destaca el Ministerio Público.
Cita que el Ministerio de Recursos de Medio Ambiente realizó un informe de inspección al proyecto CCR La Nueva Victoria, eje principal del Plan de Humanización.
La acusación indica que el “proyecto CCR La Nueva Victoria impacta de manera contundente las lagunas de la zona y los manglares constituyéndose en un elemento peligroso que podría incidir en la desaparición” de esos recursos naturales.
El sistema de abastecimiento de agua potable y de drenaje sanitario, en cada uno de los proyectos de edificaciones de las mencionadas penitenciarías, “ha sido altamente deficiente a tal punto que: fueron construida cisternas de 16,000 galones en vez de 34,000 como estaban propuestas. (Ver caso de Najayo y LNV); deficiencia de agua en el manejo de los inodoros instalados, por tener mayor consumo por el tipo de aparato sanitario; en San Juan de la Maguana fueron demolidas edificaciones debido al rediseño del edificio por falta de oficinas durante el proceso constructivo. Agrietamiento en las paredes y juntas de columnas de la edificación producto de asentamiento de los edificios de comedor, de máxima seguridad y reflexión”.
Agrega que “de igual manera por la alta presencia de humedad las estructuras del proyecto han sido permeadas, situación que a la postre puede provocar daños irreparables en las instalaciones y poner en riesgo la salud de los internos”.
Los terrenos tampoco eran factibles para la construcción por el gasto considerable que era adaptarlo para ser construido, “por ejemplo (La Nueva Victoria, CCR Barahona y CCR San Juan), con un enorme impacto ambiental y económico. El movimiento de tierra de la Nueva Victoria costó sobre los 1,097,472,355.25 millones de pesos, en unos terrenos que no tienen títulos y que es un humedal».
El Plan de Humanización, vendido por la gestión del exprocurador de Jen Alain Rodríguez para dignificar la situación carcelaria del país, según el Ministerio Público, “se trató de una acción tendente a poder adquirir mobiliarios, equipos y electrodomésticos, así como obtener elevadas sumas de dinero para su provecho personal mediante la obtención de sobornos de los adjudicatarios de las obras”.
Afirma que “la participación de los acusados Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó Sacco, Jenny Marte Peña, Jonathan Rodríguez, Altagracia Guillén y Alfredo Solano, en los hechos delictivos cometidos en el Plan de Humanización es de primer orden”.
Individualiza las responsabilidades de cada uno de esos exfuncionarios en el crimen contra el Estado de la siguiente manera:
“En el caso del ex procurador es el administrador general del mismo y su principal propulsor (Plan de Humanización), el acusado Rafael Canó Sacco, tenía las funciones operativas y despachaba de manera directa con Rodríguez, en lo referente a Rafael Mercedes quien fungía como mano derecha del acusado Jonathan Rodríguez, el mismo se encargaba de recoger dinero producto de soborno, en lo que respeta a Alfredo Solano participaba de manera directa en el plan a través de empresas, por igual en sus funciones de encargado administrativo se coalicionaban con Jonathan Rodríguez para hacer pagos que no cumplían con el procedimiento establecido, pero estos materiales no se recibieron en el almacén, vale decir que sus entradas son falsas, como lo ha reconocido la encargada de almacén, solo se recibieron las facturas y se le dio entrada para fines de pago, pero los equipos no se encuentran físicamente”.
Vicios en la estructura y falta de equipos comprados
Entre los vicios de construcción que menciona el Ministerio Pública en la edificación de la penitenciaría que sustituiría a la vieja cárcel La Victoria, incluye “la existencia de diseño y planos completos unido al escaso control y fiscalización de las obras, cubicaciones y pagos de partidas no ejecutadas con montos ascendentes a RD$ 450,325,131.90”.
Sostiene que dentro del Plan de Humanización se adquirieron RD$ 420,150,970.49 en equipo de sistema monitoreo, instalación IP, detectores de metales, equipos de seguridad y vigilancia, así como armas de fuego marca Glock, de manera irregular en una licitación privilegiada con la empresa Smart Logistics Internacional S.R.L., muchos de los cuales “no se encuentran en poder la Procuraduría General de la República y no hay registros de su paradero”.
Fuete: Diario Libre
