SANTO DOMINGO.- La empresa Transcontinental Capital Corporation solicitó a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental investigar al Superintendente de Electricidad, Rafael Aníbal Velazco Espaillat, ya que supuestamente benefició al Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) con contratos durante su gestión, evidenciándose “conflicto de interés”, debido a que dicha compañía es cliente de la empresa de la que el funcionario es socio.
Velazco Espaillat figura con 500 acciones en Raveza Associated & Services, SRL, de la que es socio del año 2011, y esta compañía tiene como cliente a CEPM, que según la página web https://imterenerpy.com/ahout-us/, el Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM) es propiedad del grupo empresarial INTERENERGY, al cual también pertenece la sociedad Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís S.A, («CESPM y actualmente conocida como «ENERGAS*), la cual opera tres (3) plantas duales de gas natural de cielo combinado de IO0MW, que suministran electricidad a la red nacional, ubicadas en San Pedro de Macorís.
La documentación agrega que desde inicios del año 2020, Transcontinental Capital Corporation, junto a otros generadores de electricidad que participan regularmente en el denominado mercado spot, ha denunciado la práctica anticompetitiva, la competencia desleal, en la que incurren algunos generadores, dentro de los cuales se encuentra la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís S.A.
La irregularidad consiste “en omitir componentes importantes en su declaración de costos variables frente al Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), instrumento que se utiliza para construir el orden de mérito diario de despacho dentro del mercado, el cual premia la eficiencia sobre la base del menor costo de producción”, indican los abogados que representan a Transcontinental Capital Corporation.
La instancia enviada a la directora de Ética detalla que “suponen cuantiosos beneficios en provecho de los generadores beneficiarios de contratos directos de compraventa de energía suscritos con el Estado dominicano bajo el Poder Especial núm. 62-18, en particular, para la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís S. A., entidad vinculada al Consorcio Energético Punta Cana -Macao (CEPM). Esta empresa, aseguran los denunciantes, además fue el último empleador del actual superintendente.
