Santo Domingo, (EFE) – El clima de libertad de prensa en la República Dominicana se enturbió en las últimas semanas debido a ataques de agentes de Policía a periodistas, denunció hoy la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe preliminar de medio año.
En su documento, que será sometido a aprobación en la próxima reunión semestral de mitad de año, la SIP subrayó que policías reprimieron y despojaron de sus equipos de trabajo a reporteros del Listin Diario y de varios noticieros de televisión que acompañaban al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante una inspección a un depósito de vehículos.
Otros periodistas, agregó el informe, denunciaron episodios de agresiones de civiles o trabas a su ejercicio, especialmente en las coberturas de juicios por casos de corrupción.
Asimismo, se registraron quejas de medios de comunicación por las reticencias de funcionarios o instituciones públicas a divulgar informaciones de interés ciudadano, que formalmente se le solicitan al amparo de la ley de Libre Acceso a la Información.
De acuerdo con la información, centenares de solicitudes reposan sin respuestas más allá de los plazos fijados por la ley, lo que dio lugar a que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hiciera un llamamiento a los entes públicos para que cumplan sus obligaciones y no incurran en el delito de ocultamiento.
El irrespeto de funcionarios e instituciones a la ley de acceso contradice las posturas que, en defensa de la libertad de prensa y expresión, ha formulado repetidamente el presidente Luis Abinader, quien a finales de octubre del 2020 firmó las Declaraciones de Chapultepec y Salta, respectivamente, agregó la SIP.
A principios de abril, recordó el informe, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresó su preocupación por la frecuencia con que personas vinculadas a sucesos o procesos judiciales o sus abogados intentan judicializar pedidos para retirar las informaciones en las que figuran imputaciones en su contra dirimidas en los tribunales.
La SDD recordó que en virtud de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en 2020 se reconoció el derecho que tienen los diarios digitales de mantener en sus plataformas las informaciones relativas a «hechos noticiables» que sean legítimas, veraces o procedentes de fuentes válidas.
