De acuerdo al Informe de los Derechos Humanos de República Dominicana 2021, los periodistas practicaron la autocensura “sobre todo cuando la cobertura podía afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios”.
De igual forma, establecen que “el gobierno influyó en la prensa a través de los contratos de publicidad”.
“En julio de 2020, la dirección de comunicaciones del gobierno publicó informes de gastos en publicidad que sumaban más de 1,050 millones de pesos (18,5 millones de dólares) en ocho años”, establece el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El informe establece que las personas y los grupos fueron capaces de criticar al gobierno en público y en privado sin represalias, aunque se produjeron incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa, como el caso de la notificación que recibió Katherine Motyka, fundadora y directora de Jompeame de retirar las imágenes de una niña de 12 años que sufrió abusos sexuales y quedó embarazada a consecuencia de la violación.
Indica que el en caso de la libertad de internet el gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró los contenidos en línea. “A diferencia de 2020, no hubo informes creíbles de que el gobierno vigilara las comunicaciones privadas en línea sin la debida autorización legal”.
En cuanto a la libertad de asociación pacifica señalan como el 20 de abril, la noche antes de que comenzara el debate sobre las causales, “la policía retiró y destruyó por la fuerza las tiendas de campaña de activistas por los derechos de las mujeres que acampaban frente al palacio presidencial para sensibilizar sobre la despenalización del aborto”.
«Censura o restricciones de contenido: Los periodistas practicaron la autocensura, sobre todo cuando la cobertura podía afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios. Los observadores sugieren que el gobierno influyó en la prensa a través de los contratos de publicidad. En julio de 2020, la dirección de comunicaciones del gobierno publicó informes de gastos en publicidad que sumaban más de 1.050 millones de pesos (18,5 millones de dólares) en ocho años», dice el informe sobre derechos humanos.
El informe está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3JycsAY
