El exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien cumple prisión preventiva en Najayo, ha presentado una nueva solicitud, esta vez para que se realice una «exhaustiva» auditoría a sus bienes con el que quiere que se demuestre, tal y como ha dicho, que su patrimonio es lícito.
La petición fue presentada, a través de sus abogados, ante la Cámara de Cuentas y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mediante un comunicado de prensa, la defensa del exfuncionario vinculado al caso de corrupción denominado Medusa, explicó que la solicitud sería en base a las declaraciones juradas de bienes sometidas durante sus funciones públicas, como lo establece la Ley 311-14 y su reglamento.
“Jean Alain Rodríguez es el más interesado en que esta auditoría se realice por lo que se han remitido varias comunicaciones para solicitar a la entidad competente y autorizada para que realice este escrutinio sin haber recibido respuesta, como si la Pepca quisiera esconder la verdad. Requerimos que a la mayor brevedad posible ese organismo realice una auditoría no solo a su patrimonio personal, sino a la gestión completa”, precisó el abogado Gustavo Biaggi, en la nota de prensa.
También dijo que solicitaron todas las copias de las auditorías, informes y comunicaciones realizadas, remitidas y recibidas durante la gestión de Jean Alain como procurador general de la República durante el período 2016-2020.
“Nuestro cliente tiene cómo justificar cada peso que la ha ingresado en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie”, agregó Biaggi.
La defensa de Jean Alain aseguró que a su cliente le han incautado un sinnúmero de bienes de manera ilegal y arbitraria, ya que pertenecen a entidades societarias compartidas con terceros y familiares con todo su patrimonio personal generado previo a su designación como procurador general, «de manera transparente, con recursos lícitos y oficiales».
Al respecto, los abogados indicaron que sometieron un recurso al Ministerio Público hace más de seis meses para la devolución inmediata de estas propiedades, sin haber obtenido respuesta oficial.
«Todos sus bienes figuran dentro de los activos presentados en sus declaraciones juradas de los años 2012, 2016 y 2020, ya sea de forma directa o como parte de los activos de sociedades parcialmente de su propiedad, declarados de forma transparente y con todos sus justificativos y pago de impuestos», explicaron.
Además, la barra de defensa manifestó que previo a ejercer la función pública, Jean Alain representó cientos de empresas de prestigio registrando como parte de su práctica privada más de 1,000 millones de dólares de inversiones de sus clientes en el Centro de Exportación e Inversión de proyectos turísticos, de energía y otros, todo lo cual reposa en los archivos oficiales.
A modo de ejemplo, dijeron que desde el año 1999 el imputado formó parte del equipo legal del sector privado que representó a las empresas privatizadas del sector eléctrico y la instalación de decenas de hoteles en la zona de Bávaro y Punta Cana, con lo que, expresaron se demuestra una trayectoria y ejercicio privado a gran escala de más de 20 años.
«Justo antes de ser funcionario, pagaba más impuestos mensuales a título personal que el salario total que recibía como servidor público, tenía diversas propiedades inmobiliarias y turísticas, con sus certificados de título y justificativos de compra producto del ejercicio privado incluyendo la residencia donde actualmente reside, adquirida en el año 2011 y presentada en su declaración jurada del 2012», manifestaron.
Enfatizaron que en todo el expediente de medida de coerción no existe una sola imputación ni siquiera mención de su patrimonio o declaraciones juradas.
Reiteran que la solicitud realizada a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se realiza en virtud de que la Constitución de la República en su artículo 246, así como también la Ley 10-04 en su artículo 10, asignan a ese organismo facultad y responsabilidad legal para realizar auditorías, en su calidad de órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
Dicen que al exprocurador se le imputan cargos sin presentar la debida auditoría o informe por la institución competente, ni una sola persona o documento que lo señale directa o indirectamente como autor de actos irregulares lo que demuestra que la investigación llevada a cabo carece de seriedad, transparencia y violenta todos los procesos, incluyendo los administrativos, como establece la ley.
«El Ministerio Público informa a la prensa que existe un fraude de 7,000 millones de pesos, sin embargo, no dice ni de que obra, ni de que cuenta, ni quienes o como se cometieron los hechos. Utiliza cifras enormes para impresionar a la ciudadanía y presionar a los jueces como parte de su estrategia de mercadeo», manifestó la defensa.
«Esos 7,000 millones corresponden al total del valor de La Nueva Victoria y el nuevo recinto de San Juan de la Maguana y ahí están los más de 100 edificios construidos y levantados, evidencia de que la obra fue entregada a esta gestión. Están operando más de 30 remodelaciones, ampliaciones y construcciones solucionando finalmente el hacinamiento histórico y todos los contratos de obras en curso fueron asumidos por Miriam Germán Brito pagándoles más de 220 millones adicionales. No hay fraude ni hemos visto vicios de construcción y si faltara algo, solo hay que pedirlo a los contratistas antes de que se venzan las garantías», sostuvo.
