SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ha depositado ante los tribunales “un huracán de pruebas” contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás acusados por corrupción administrativa dentro de la red desarticulada por el Ministerio Público con la Operación Anti Pulpo.
Así lo afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, al explicar la postura del Ministerio Público ante la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, de aplazar para el próximo 4 de abril el conocimiento de la audiencia preliminar contra Medina Sánchez y los demás acusados.
Camacho dijo que en la audiencia de este lunes la defensa hizo algunas solicitudes al tribunal tendentes a tener la oportunidad y la viabilidad de acceder y analizar las pruebas aportadas por los fiscales que llevan el caso.
“El Ministerio Público no se ha opuesto por entender que estos han sido pedimentos de derecho y además que es evidente que el Ministerio Público ha depositado un huracán de pruebas en este proceso, de hecho, un huracán categoría 5, y es proporcional en consecuencia que la defensa tenga la oportunidad de revisar este torrente de pruebas que ha depositado el Ministerio Público”, enfatizó.
Al responder a periodistas que lo abordaron a la salida de la sala de audiencias, Camacho detalló que solo en documentación de las evidencias el Ministerio Público entregó al tribunal un dispositivo con 194 GB en información.
“Imagínense ustedes, es una cantidad inmensa de documentación que ha aportado el Ministerio Público, demostrando, una vez más, que nosotros cuando vamos a los tribunales vamos con todas y cada una de nuestras líneas de investigación blindadas, y este caso igualmente está blindado con la cantidad de información que ha aportado el Ministerio Público y eso se verá en el transcurso del conocimiento de esta audiencia”, añadió.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de pertenecer a un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Contra Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas imputadas y 21 compañías, el Ministerio Público presentó acusación el 17 de diciembre del 2021, mediante un voluminoso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
El Ministerio Público también acusa por este caso a Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación del caso presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presenta cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.
Destaca que llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.
El expediente aporta pruebas de cómo el entramado societario vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero.
Describe cómo Juan Alexis Medina Sánchez, el gerente operativo del entramado de corrupción, pasó de convertirse de “un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos”, en un próspero suplidor de múltiples dependencias estatales.
El juez Peguero decidió aplazar la audiencia a los fines de que sean notificadas las partes en el día de hoy del escrito de acusación.
Peguero ordenó reiterar las citas a las personas físicas no comparecientes y jurídicas que no han comparecido el día de hoy, además otorgó un plazo de tres días al Ministerio Público para que aporte las direcciones donde estas personas pueden ser localizadas.
Fijó la audiencia preliminar para el 4 de abril de 2022 y posterior a esta fecha se estará conociendo todos los lunes subsiguientes hasta que termine el proceso, es decir 11 de abril, 18 de abril, 25 de abril, 2 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo y 30 de mayo. Si posteriormente a ello se requiere de mayores audiencias se hará otro calendario por disposición del tribunal.
El juez Peguero dispuso la revisión de la medida de coerción a los privados de libertad de este caso para el día 21 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
Además ordenó solicitar a la Defensoría Pública la asignación de un defensor para que asista en su medio de defensa al imputado Carlos José Alarcón.
La audiencia se extendió por aproximadamente siete horas y debido a la cantidad de personas involucradas en el proceso fue celebrada en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
