SANTO DOMINGO.- Por medio de una instancia de fecha 4 de enero, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pidió una prórroga de cuatro meses al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para presentar la acusación contra todos los involucrados en la Operación Coral.
El documento, firmada por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, fue depositado ante la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien remitirá la solicitud al tribunal control de las investigaciones en contra de los acusados.
Las razones plasmadas en el documento para la solicitud de la prórroga se justifican en que “a medida que esta investigación avanza, la situación de los procesados se ve cada vez más grave y compleja», además aseguran que mantienen una investigación diligente y activa contra la red de presunta corrupción,
El Ministerio Público acusa a los encartados de pertenecer a un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), que movió más de 240 millones de pesos en perjuicio del Estado, dentro de los que resaltan Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El Ministerio Público les imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
