La jueza suplente del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 26 de enero el conocimiento de la audiencia del recurso de objeción interpuesto contra la decisión de archivo de la Fiscalía del Distrito Nacional que favoreció al ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz.
La magistrada Francheca Pontantini, dispuso el aplazamiento luego que la abogada del ex biliger de Grandes Ligas, pidió al tribunal una nueva oportunidad para comparecer ante la jueza, ante la no comparecencia al tribunal de David Ortiz.
El doctor Jorge Lora Castillo e Ingrid Hidalgo, abogados de Fary Almanzar dijeron que esperan que ese día por fin cumpla con su palabra y acuda a defender su posición. @David Ortiz, no comparece a las audiencias con el contubernio punible de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Lora Castillo informó que la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos, está sometida ante la Inspectoría de la Procuraduría General de la República, acusada de desacato, al considerarse que está por encima de bien y del mal, al no ejecutar una sentencia que adquirió la cosa irrevocablemente juzgada de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional que ordena presentar acusación contra Ortiz, por violencia de genero.
Dijo que la fiscal Ramos, tiene postrada a la justicia, ya que hay una sentencia definitiva que dispone presentar acusación, lo que hace es archiva el expediente en violación a los derechos de la señora Fary Almanzar.
Indicó que espera que Ortiz, comparezca el 26 de enero y que la Inspectoría del Ministerio Público, tenga un resultado contundente con relación a la querella interpuesta contra la fiscal Ramos.
La objeción fue interpuesta por la señora Fary Almánzar Fernández, excompañera sentimental del ex pelotero a través de sus abogados Ingrid Hidalgo, Jorge Graciany Lora Olivares, Fidel Ernesto Pichardo Baba y Jorge Lora Castillo, quienes calificaron el archivo como un desacato, denegación de justicia, violentando una sentencia definitiva.
Indican que esa actitud de la Fiscalía del Distrito Nacional viola el principio de legalidad, y el debido proceso de ley.
Los abogados piden revocar en todas sus partes el dictamen de archivo de la querella por violencia de género en contra de David Ortiz, dictado por la licenciada Catalina Bueno Patiño, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Directora de la Unidad de Violencia de Genero, Intrafamiliar, y Delitos Sexuales.
Solicitan además que la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, cumpla la resolución con carácter de cosa irrevocablemente juzgada, marcada con el número 502-2021-SRES-00177 de fecha 30 de junio del 2021, en toda su extensión, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la corte de Apelación que revocó el archivo.
En la instancia de solicitud de revocación plantean a la jueza que la decisión a intervenir condene a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, como su titular licenciada Rosalba Ramos Castillo, condenarla al pago de una sanción económica (astreinte) diario de (RD$20,000.00) en manos de la señora Fary Almanzar Fernández, por cada día que pase sin que se cumpla con la indicada obligación, liquidables semanalmente y sin necesidad de homologación.
También solicitan condenar a Ortiz, al pago de las costas de procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho de los abogados constituidos.
Dijeron que la Fiscalía archivó “de manera definitiva” querella contra David Ortiz por presunta violencia de género, en dos ocasiones cuando el Código Procesal Penal manda, con la revocación del primer dictamen debió apoderar a un juez de instrucción para que conozca el caso.
Indican los abogados que con ese archivo la Fiscalía incurrió en exceso de poder, violación al principio de legalidad, a-l debido proceso.
Sostienen que la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia de Género e Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional, dispuso el archivo (en dos ocasiones) de la denuncia por violencia de género contra Ortiz, a pesar de que otros ciudadanos por menos de ahí inmediatamente son apresados y le han solicitado de medida de coerción.
