La noche de este jueves el Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción contra los 13 implicados en el caso Coral 5G.
En el documento, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso sea declarado complejo.
“Esta medida de coerción cuenta con más de 600 páginas y 700 pruebas documentales”, dijo la magistrada Minar Ortiz a la salida del depósito del expediente, al tiempo de aclarar que las evidencias que blindan el caso son cuentas de bancos, títulos de propiedad entre otras pruebas.
En esta red que involucra a varios militares se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
También están bajo arresto el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez , así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
De acuerdo al Ministerio Público el grupo, que forma parte del caso Coral, movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros.
Hasta el momento las autoridades han incautado unas 125 propiedades a los involucrados en el caso.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Operación Coral 5G incluyó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
