SANTO DOMINGO.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó que ya nueve jueces establecieron que la investigación del Ministerio Público en el Caso Pulpo contiene pruebas más que suficientes para mantener en prisión a Alexis Medida Sánchez y los demás coimputados y adelantó que el expediente alcanzará a otros implicados en la trama de corrupción y lavado de activos.
La directora general de Persecución del Ministerio Público se refirió al tema luego de que la jueza suplente Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogiera la solicitud del Ministerio Público de ratificar la prisión preventiva contra Medida Sánchez, principal acusado por el entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del pasado año con la Operación Anti Pulpo.
“Lo que evidencia la decisión es que esta es la novena jueza que ratifica; es decir, nueve jueces han establecido que la investigación del Ministerio Público tiene pruebas más que suficientes contra los imputados del Caso Pulpo”, resaltó.
“Nosotros dijimos que este caso estaba blindado y nueve jueces le han dado la razón al Ministerio Público”, dijo, al destacar que se trata de una investigación “blindada” en términos jurídicos.
Explicó que cuando el Ministerio Público presente su acusación, con las nuevas líneas de investigación que desarrolla en el transcurso de estos meses, sin cesar un segundo en su trabajo, se va a comprobar, una vez más, “no solo que esos hechos iniciales estaban a nivel probatorio blindados, sino, que hoy existen pruebas, cientos de pruebas que corroboran, inclusive, hechos muy graves que no estaban reseñados en la medida de coerción”.
Indicó que esas pruebas refuerzan lo que el Ministerio Público dijo desde el principio, al afirmar que el entramado de corrupción del que formó parte Medina Sánchez cometió “decenas de actos delictivos”, y que “había distraído fondos millonarios del Estado en este caso, prácticamente duplicando la cantidad inicial que establecimos en la medida de coerción”.
Reynoso enfatizó en que el Ministerio Público tiene pruebas irrefutables de que hubo sobornos, por ejemplo, y esas evidencias obtenidas en allanamientos realizados por el Ministerio Público dejan claro el esquema de corrupción y los bienes adquiridos por los implicados en el caso con fondos provenientes del lavado de activos.
La representante del Ministerio Público encabeza el equipo de fiscales investigadores y litigantes, junto al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La decisión de la jueza Yanibet Rivas confirma la prisión preventiva de Medina Sánchez en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, que le impuso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El tribunal había aplazado para el próximo 3 de septiembre la revisión de las medidas de coerción al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y al exdirector de fiscalización de esa entidad, Aquiles Alejandro Christopher, tras un acuerdo entre las partes.
En el expediente criminal del Caso Pulpo también figuran los coimputados Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, así como Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República. Además, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público sustenta que Juan Alexis Medina Sánchez se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020), para enriquecerse a costa de los recursos de todos los contribuyentes.
La investigación del Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por el imputado Medina Sánchez para establecer negocios con el Estado.
