La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Dirección General de Migración, el Departamento de Prófugo y Captura de la Fiscalía del Distrito Nacional, fueron notificados para que agilicen la búsqueda y dispongan el arresto y conducencia del investigador privado Ángel Martínez, por orden del juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
El abogado Emmanuel Pimentel dijo que la notificación fue hecha por el ministerial Gerson Sánchez Mercedes, alguacil ordinario del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a requerimiento de la secretaría de la Segunda Sala de la cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, luego que el diputado Sergio Moya (Goris), interpusiera una querella ante el Ministerio Público contra el investigador Martínez, por difamación e injuria y presunta violación de la ley de Crímenes y Delito de Alta Tecnología. .
Explicó que el investigador privado está acusado de violar la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en sus artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, en perjuicio del legislador.
El juez Reymundo Mejía Zorrilla, declaró la rebeldía y dispuso el arresto y conducencia y ordenó la colocación de impedimento de salida del país sin autorización judicial a Martínez, y sobreseyó el proceso en su contra hasta que sea llevado al tribunal.
La disposición fue adoptada luego que Martínez, no compareciera al tribunal no obstante estar legalmente citado.
Es la segunda ocasión que es emitida orden de arresto en contra de Martínez, residente en Estados Unidos, la primera fue emitida por el juez de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Magistrado Vladimir Rosario García.
Indicó que el juez también dispuso que se haga la publicación de sus datos personales en un diario de circulación nacional con el propósito de garantizar su búsqueda y arresto.
La querella de acción penal privada contra Martínez fue presentada por el legislador el 10 de febrero del 2021 a través de los abogados apoderados especiales Frank Reynaldo Fermín, Emmanuel E. Pimentel Reyes, Emmanuel Martínez Acevedo.
El legislador pide al tribunal que Martínez, sea condenado a un año de prisión, y al pago de una indemnización RD$10 millones por los daños por perjuicios ocasionado por su acción.
