En un informe sobre el clima de inversión, el Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó que en la República Dominicana los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos que incluyen acusaciones de corrupción generalizada, entre las que mencionan solicitudes de sobornos; retrasos en los pagos del gobierno; aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos.
En su informe el Departamento de Estado señala que a pesar de una situación macroeconómica estable, los indicadores internacionales de competitividad y transparencia de la República Dominicana se debilitaron durante el año pasado.
“Las débiles leyes de tenencia de la tierra y las expropiaciones gubernamentales sin la debida compensación continúan siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. La corrupción y la implementación deficiente de las leyes existentes se discuten ampliamente como reclamos clave de los inversores”, señala el documento.
Asimismo, indicó que un escándalo de corrupción pública de 2017 continúa provocando pedidos de cambio institucional y se vio reforzado por nuevas acusaciones relacionadas publicadas en junio de 2019 en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“Las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el poder judicial, continúe limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana”, dicta el informe.
El informe sostiene que la decisión de Danilo Medina en julio de 2019 de no competir por la reelección aseguró que el 2020 fuera un año de transición para la República Dominicana.
En ese sentido, señala que el clima de inversión en los próximos años dependerá en gran medida de si el nuevo gobierno opta por implementar las reformas necesarias para promover la competitividad y la transparencia, controlar la expansión de la deuda pública y llevar ante la justicia a los funcionarios públicos corruptos.
