El Consejo de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad realizó una renegociación de compra de 177 mil medidores eléctricos, que implicó una reducción de precio equivalente a cerca de 19 millones de dólares (mil cien millones de pesos), en comparación con la última compra de estos mismos equipos realizada en el año 2019.
La compra está prevista a ejecutarse en un periodo de tiempo de ocho a doce meses.
Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Edes, señaló que “si el gobierno hubiera hecho la operación de compra de esos mismos equipos durante ese mismo periodo del 2012 al 2020, en el cual fueron adquiridos 895 mil medidores, a los precios logrados actualmente, podríamos decir que el gobierno dominicano se hubiera economizado 90 millones de dólares (cinco mil 200 millones de pesos) para las cuentas públicas y el Estado en sentido general, suma que permitiría hacer las inversiones en infraestructura del sector, que se traducirán en menos gastos operacionales y energía más segura y confiable”.
Astacio dijo que esta operación se enmarca dentro de la estrategia y la visión del presidente Luís Abinader de eficientizar las operaciones de las empresas distribuidoras de electricidad, para garantizar el servicio energético a toda la población a largo plazo y, sobre todo, de manejarlo con pulcritud y transparencia.
Dijo que elahorro delos 19 millones de dólares fue gracias a un acuerdo arribado con la empresa TWACS ACLARA, fabricante de los medidores inteligentes que tradicionalmente han sido usados por las empresas distribuidoras de electricidad.
Explicó que dicha negociación se realizó en un marco de transparencia y en apego a las leyes, llenando todos los requisitos de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas en nuestro país.
“De igual manera, el Consejo de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad hace reserva de su derecho de realizar una investigación profunda, como en efecto se está haciendo, tendente a posibles acciones judiciales sobre las decisiones administrativas que se realizaron en el pasado reciente, que pudieron costarle al Estado sobre el 80% de la inversión que realizaron las empresas distribuidoras, para lo cual hemos contratado los abogados necesarios”, indicó Astacio.
