Santo Domingo.- La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, propuso el uso de la base de dato del programa Progresando con Solidaridad para identificar los miembros de las familias que reciben ayudas del Gobierno que no se han vacunado contra la COVID-19.
Cedeño indica que con esos datos se pueden hacer planes de incentivos o hasta condicionar la entrega de las ayudas de protección social para que el ciudadano acceda a vacunarse.
“Un simple cruce de la base de datos de Progresando con Solidaridad con la base de datos de los vacunados hasta el momento, permitirá identificar cuáles miembros de las familias que reciben ayudas de la protección social no han acudido a los centros de vacunación, de manera que se puedan diseñar estrategias de motivación y, por qué no, hasta de condicionamiento”, explica la exfuncionaria en un artículo de opinión que pública en un periódico matutino titulado vacunación y protección social.
A continuación el artículo completo de Margarita Cedeño:
Los programas de protección social en la República Dominicana están sustentados en bases de datos robustas, con una cartografía detallada que permite identificar con facilidad el lugar donde se encuentran las personas más vulnerables del país y cómo está conformado el hogar de esa persona.
Un simple cruce de la base de datos de Progresando con Solidaridad con la base de datos de los vacunados hasta el momento, permitirá identificar cuáles miembros de las familias que reciben ayudas de la protección social no han acudido a los centros de vacunación, de manera que se puedan diseñar estrategias de motivación y, por qué no, hasta de condicionamiento.
¿A qué nos referimos con un condicionamiento? La evidencia demuestra que los grupos vulnerables que forman parte de la protección social tienen mayores dificultades para obtener atención sanitaria a tiempo, por ende, sus probabilidades son peores en el caso de resultar infectados por el coronavirus.
Es por eso por lo que establecer una condicionalidad a la entrega de las ayudas sociales vinculada a que los miembros de las familias que reciben el apoyo estatal tengan que presentar evidencias de su vacunación, constituye una estrategia acorde con los objetivos de las políticas sociales, que tiene entre sus principales propósitos la mejora de los indicadores de salud de los participantes en el programa.
Habrá quienes acudan al alegato de que la vacunación no puede ser obligatoria, pero en este caso no se trata de eso, se trata de que la entrega de las ayudas sociales esté sujeto a la vacunación, una condicionalidad parecida a otras que se han implementado en los programas sociales, como el cumplimiento de la asistencia escolar o los chequeos obligatorios para las embarazadas.
Los participantes del programa siempre tendrán el derecho a no vacunarse, lo que resultará en que no recibirán las ayudas sociales hasta que lo hagan.
La medida es urgente e importante, porque vacunar a toda la población es una prioridad para todos, pero lamentablemente, se observa mucha resistencia a la vacuna, por mitos, teorías de conspiración y simple inobservancia de la importancia de este proceso, aunque todo el mundo reconoce que es la solución definitiva a la pandemia, la única forma de retornar a la normalidad que vivíamos antes del COVID-19.
Implementar este tipo de medidas para las personas más pobres y vulnerables es, también, una estrategia de combate a la pobreza, porque una catástrofe como el coronavirus en un hogar de escasos recursos, constituye una sentencia que condena a una familia a la pobreza perpetua.
En consecuencia, la condicionalidad de las ayudas sociales a la vacunación es una medida necesaria para contener la propagación del virus, condición necesaria para el retorno al crecimiento económico y al desarrollo social.
Es una medida con visos innegables de humanidad, que no va en contra de ningún derecho fundamental, muy por el contrario, protegerá el derecho a la salud de los más vulnerables y de la población en general.
