SANTO DOMINGO.- Un barco de irregularidades parece haber anclado en Autoridad Portuaria entre los años 2016 y 2020, según una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
El Informe tuvo acceso en exclusiva al documento que revela malas prácticas que van desde nominillas, consumos excesivos con tarjetas de crédito corporativas, evasión fiscal, sustracción de vehículos y armas de fuego, contratos millonarios sin licitación y otras anomalías que presuntamente alcanzan los 500 millones de pesos.
13 puertos, repartidos por todo el país. En la Capital, el Multimodal Caucedo, Haina, Azua, Barahona, Manzanillo, San Pedro de Macorís, La Romana, Cabo Rojo, Bahía de Maimón, Samaná y Puerto Plata.
Aguas turbias y una carga muy pesada, supuestamente repleta de corrupción… que según las investigaciones realizadas por la Contraloría General de la República, recae sobre la gestión anterior.
La de Víctor Gómez Casanova, quien fue el director de Autoridad Portuaria entre los años 2016 y 2020.
El documento establece la existencia de nominillas en la institución encargada de regular el transporte marítimo en el territorio nacional.
En el departamento de Recursos Humanos, la auditoria señala que 333 personas que estaban dentro de la nómina regular “no asistían a trabajar” y que pese a figurar sus nombres “no eran los beneficiarios finales de los desembolsos”.
El documento establece la existencia de nominillas en la institución encargada de regular el transporte marítimo en el territorio nacional.
En el departamento de Recursos Humanos, la auditoria señala que 333 personas que estaban dentro de la nómina regular “no asistían a trabajar” y que pese a figurar sus nombres “no eran los beneficiarios finales de los desembolsos”.
La pesquisa añade, “Confirmamos vía telefónica que los nombres de quienes se hacían esos cheques nunca cobraban esos pagos, se les preguntaba si eran empleados y contestan que no”.
«Cleptocracia es la democracia corrompida y todo indica que lo de Adán Cáceres y su gente no era un elemento raro, sino que se produjo en muchas instituciones, todo indica que era el modus operandi para succionarlo que se llama la estructura del estado», dijo Cándido Mercedes es miembro de Participación Ciudadana y consultor organizacional.
Los sueldos de quienes, sin saberlo, supuestamente figuraban en la nómina de Portuaria, sumaron montos millonarios. El reporte, al cual El Informe tuvo acceso detalla que bajo esta modalidad, solamente en el 2017 se entregaron mas de 65.5 millones de pesos (RD$65, 568,000). La segunda partida más alta quedó registrada en 2019, 48.4 millones de pesos (RD$48, 430,800), mientras que en 2018, bajo este renglón, desembolsaron más de 28.4 millones (RD$28, 410,440); otros 14 millones en el 2020 y en 2016, 11.7 millones, según la auditoria.
Es decir que a través de la presunta artimaña, la Contraloría dice se pagaron de las arcas del Estado 168 millones (RD$168, 411,240) durante los señalados cuatro años.
«Y en este caso es peor porqué en algunas instituciones pasaba los siguiente, Juan Pérez, yo me comunicaba con él, Tú vas a ganar 30 mil en autoridad Portuaria, pero tú no me tienes que dar 20 mil o 15 mil, En este caso el entramado mafioso cogía todo el dinero porque esa gente ni siquiera sabía», expresó Cándido Mercedes es miembro de Participación Ciudadana y consultor organizacional.
Pero contrario a lo que establece la auditoría, algunos en la lista si tenían el conocimiento de sus asignaciones en la ahora cuestionada institución.
El Informe eligió de manera aleatoria algunos de los nombres y estas fueron las respuestas.
Asegura que fungía como asistente de la subdirección, aparece con un salario de 20,445 pesos, dice que laboró en la institución durante más de 14 años.
Aparte del listado de los 333, la auditoría que abarca desde el 16 de agosto del 2016 al 16 de agosto de 2020 (del año pasado), explica que existía “otra nominilla adicional a la nómina regular, la cual se pagaba como servicios prestados”, mediante la cual, presuntamente emitieron mas de 7,500 (7,576) cheques por otros 143 millones de pesos (RD$142,734,993).
«Una nominilla por debajo de la nómina oficial que no están en el portal, nos encontramos entonces que en ese institución el entramado mafioso tenía diferentes direcciones nóminas artificiales de gente que no estaba y nominillas», afirma Cándido Mercedes.
Las pesquisas realizadas por la Contraloría, concluyen que las dos “nominillas” pagadas entre la nómina normal de los empleados de Portuaria y la registrada como servicios prestados, los salarios oscilaban entre 12 mil y 85 mil pesos.
Las indagaciones determinaron que estos “desembolsos eran erogados a compañeros de partido y a los interactivos radiales”.
Las nominillas parecían navegar en Autoridad Portuaria, tal cual submarino: por debajo y pasando desapercibido, según detalla la auditoria de la Contraloría General de la República.
Las sumas de las dos mencionadas en la investigación superan los 311 millones de pesos (RD$311, 144,233).
“Los cheques eran dirigidos a una persona y en la coletilla informaba el nombre del beneficiario final”, hablamos de dos personas y un mismo cheque, confirma el análisis, que además menciona a un grupo de 11 personas que presuntamente retiraban los cheques.
En copias de cheques obtenidos por el informe, figuran dos nombres con cédula: Jesiel Manases Tamarez Manzueta y Ramón Mercedes Ventura Batista, escritos a mano. Los pagos iban dirigidos a otras personas.
Los nombres de Tamarez y Ventura se repiten en los cheques, el concepto de pago en cada uno “por servicios prestados”.
En copias de cheques obtenidos por el informe, figuran dos nombres con cedula: Jesiel Manases Tamarez Manzueta y Ramón Mercedes Ventura Batista, escritos a mano. Los pagos iban dirigidos a otras personas.
Los nombres de Tamarez y Ventura se repiten en los cheques, el concepto de pago en cada uno “por servicios prestados”.
«Ahí tiene que estar involucrada gente del área financiera, gente de recursos humanos, gente de logística, es un entramado, no lo puede hacer una gente sino mucha gente, pero además tenía acceso a las cédulas de esa gente y sacaron cuentas», argumentó Mercedes.
La auditaría llama por nombres y apellidos a los presuntos responsables de autorizar los pagos: el director de Logística, Amín Rafael Vásquez; el director de Recursos Humanos, Ruddy Alberto Cruz; el director de Finanzas, Marcelino Merán Rodríguez; Marcos José Pelaéz, director de Jurídica; además de Niurka Celiné Evangelista, coordinadora de Asistencia Social; y el administrador de Puerto Plata, Ramón Emilio Batista.
El dispendio, al parecer también desembarcó en Portuaria, a juzgar por los pormenores de la auditoria que explica que desde que se juramentó como director general de Autoridad Portuaria, en agosto del 2016 hasta su salida en el 2020, Víctor Gómez Casanova, tenía asignada una tarjeta de crédito corporativa con un monto mensual de 150 mil pesos y 10 mil dólares.
O sea que aparte de su salario de 275 mil pesos mensuales, en el cuatrienio que se mantuvo frente a la institución, tenía a su disposición partidas adicionales de más de 7 millones de pesos y 480 mil dólares, simultáneamente.
Consumos, sin bouchers y facturas, dicen haber detectado auditores de la Contraloría.
Gastos por más de 7.7 millones de pesos (RD$7, 714,841) quedaron registrados según el documento, con un excedente superior al millón 700 mil (RD$1,776,522) .
Además en franca violación a la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado que indica en su artículo 30 sobre las tarjetas de crédito.
“Queda prohibida la asignación y el uso de tarjetas de crédito a los funcionarios de alto nivel establecidos en esta ley, con excepción de los puestos correspondientes al Presidente y Vice-Presidente de la República, Presidentes de las Cámaras Legislativas, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y los titulares de órganos y entes de origen constitucional”.
Desglosemos los consumos realizados con la tarjeta de crédito en pesos.
De los 7.7 millones de pesos, el 57% de los gastos corresponde a consumos en restaurantes, osea 4.4 millones. (4, 433,775), según la auditoria.
A combustibles supuestamente destinó más de un millón y medio de pesos (RD$1, 535,276), es decir 20%.
El monto restante abarcó gastos en cines, gas licuado, hoteles, gastos hospitalarios y otros renglones.
Algunos de los consumos que aparecen en los estados de cuenta del plástico, a los que tuvimos acceso incluyen por ejemplo, RD$19,820 y RD$6,334 en Blue Jack Tar y RD$ 9,384 en Locanda, todos en Puerto Plata. También figuran RD$12,500 en Mila Bistro, 8,000, 5,500 y 4,300 en Meat Depot Upstairs, 7,500 en Pata E’ Palo y 7,000 en Casa Club Neptuno’s.
Heladerías, pizzerías, cafes, panaderías y hasta jugueterías aparecen en los reportes, en los que además hay varios consumos desde 6,000 hasta 8,500 en diversas estaciones de combustibles.
«Y eso entra dentro de lo que cabe los cuatro factores administrativos por lo que la gente cae en administración la codicia, la ambición, el deseo de poder y el vacío existencial», expresó Cándido Mercedes.
En iTunes, Spotify, Amazon, Apple y Sunrise Sail hay gastos desde 10 hasta más de mil dólares.
Mientras que la auditoria arrojó que solamente en viajes al extranjero, se generaron consumos por 104 mil 450 dólares. El año que más gastó fue en el 2018, US$39,561 (dólares), el equivalente de casi dos millones de pesos (RD$1, 984,796) tomando en cuenta la tasa de ese entonces que era de 50.17 pesos por dólar.
Ahogados en lo que parece un mar de deudas y retrasos en los pagos a la Tesorería de la Seguridad Social, se mantuvo Autoridad Portuaria entre 2016 al 2020.
Por no pagar a tiempo, solamente en intereses y moras adeudó, según la Contraloría General, más de 22,2 millones de pesos (RD$22, 260,172), según la auditoria a la cual El Informe tuvo acceso.
“Ocasionando la suspensión del seguro médico de los empleados y pérdidas por pagos de intereses y recargos, producto del retraso”, indica la pesquisa.
La investigación señala que “la institución realizaba los descuentos de manera oportuna a todos los empleados, sin embargo, estos no eran reportados a tiempo en los formatos que exige la TSS”.
La situación es calificada como “deficiencia gerencial”, lo que conllevó a que la institución asumiera dichos gastos adicionales en moras.
Sólo en “los meses de mayo agosto del 2020 la institución acumuló una deuda de RD$42,910,509.19, y esta nueva gestión asumió este pago, debido a que la institución no contaba con los recursos”, el monto ascendiente a 43 millones fue desembolsado por el Ministerio de Hacienda.
Sin consecuencia alguna, apartentemente Portuaria tampoco honraba sus obligaciones fiscales.
“Verificamos que la administración de Víctor Gómez Casanova retuvo a los empleados por concepto de Impuesto Sobre la Renta un monto de RD44,290,150.00 en el periodo auditado, sin embargo estas retenciones no fueron pagadas a la DGII”, establece el documento.
El total de impuestos retenidos a los empleados y no declarados a la DGII sobrepasa los 61 millones de pesos (RD$61, 858,559), según la auditoria.
Otras violaciones develadas tienen que ver con el parque vehicular de la Autoridad Portuaria.
La auditoría indica que siete vehículos incluyendo una Ford Raptor y un Mercedes Benzasignados a Gómez Casanova, “No fueron registrados en los libros de contabilidad y no se encuentran en el inventario de vehículos de la institución”.
La investigación establece que informaciones suministradas por el personal de transportación indican que los 7 vehículos que no aparecen están en manos de empleados de la gestión auditada, incluyendo cuatro Hyundai Sonata asignados a Bolívar Castillo.
Lo que si aparecen demás son las armas de fuego. La auditaría evidencia que “en los registros contables se encuentran registradas 47 escopetas”, pero “en inventario físico confirmamos que existen actualmente 317 escopetas, reflejando una diferencia de 277 escopetas que no se encuentran” en los libros contables. “En nuestra validación de revólveres encontramos 50 que no estaban registrados en la contabilidad”.
La documentación resalta que no lograron determinar cómo fueron adquiridas un total de 327 armas, pues no encontraron ordenes de compras, facturas soportes, ni documentación para avalar la propiedad de dichas armas.
Los auditores dicen que también evidenciaron el robo de 7 revólveres asignados con nombre y apellido. Además entre las armas perdidas figura una escopeta calibre 12 asignada al cabo Antonio Medina.
Seis armas de fuego fueron asignadas “a personas desvinculadas a Autoridad Portuaria y aún no han sido devueltas”, se trata de cinco escopetas y un revolver asignada.
Cabe resaltar, que según la auditoria los servidores que tenían en esa gestión las armas designadas, no contaban con licencias de Interior y Policía para portarlas.
Repuesta de Víctor Gómez Casanova
Acabo de ver tu Informe de esta noche, sobre la supuesta auditoría realizada a nuestra gestión en Autoridad Portuaria del 2016 al 2020.
Y digo supuesta, porque a mí nadie me ha llamado para preguntarme nada, ni informarme nada, con relación a esos temas que tú acabas de publicar.
Yo me acabo de enterar a través de tí y tu programa de esta noche, cuando la ley establece que sobre los procesos de auditorías, debe haber una “comunicación permanente” entre los auditores y la parte auditada, para trabajar las discrepancias que pudieran presentarse.
Yo lo primero que pienso hacer es, que mañana a primera hora, le enviaré una carta al Contralor General de la República y al nuevo Director de Autoridad Portuaria, para solicitarles formalmente una copia del informe de esa supuesta auditoría.
Yo no me pienso quedar callado, por eso quise venir y dar la cara, y te aseguro que ahora voy a reunirme con mi equipo para responder cualquier cuestionamiento que se haga sobre mi gestión.
Te agradezco por abrirme este espacio y manejarte con la objetivad que siempre te ha caracterizado.
Necesito analizar todo lo que acabas de publicar, para reunir toda la documentación necesaria y poder responder punto por punto, todo lo que has señalado esta noche en El Informe.
