La pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán están preparando un recurso de apelación, a través de su abogado, para recurrir ante la Corte y solicitar que sea revocada la prisión preventiva que dictaron en su contra.
La información la dio a conocer el abogado Héctor López Rodríguez, quien tenía previsto someter el recurso este fin de semana. Alegan que hubo falta de motivación en la decisión emitida por la jueza Kenya Romero, quien decidió enviar a la cárcel de Najayo a Rossy Guzmán y al cabo policial Tanner Flete, bajo medida de coerción.
La pastora y su hijo están acusados de formar parte del entramado militar-religioso, liderado por el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Benoni Cáceres Silvestre, quien también guarda prisión en Nayajo.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo para ocultar los fondo sustraídos del Estado. Este entramado fue desarticulado mediante la llamada Operación Coral.
Supuestamente, el mayor general Adán Cáceres y otros miembros de la red utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos sustraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
Según el Ministerio Público, a los policías y militares se les colocaban especialísimos o los asignaban en la nómina del Cusep, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, entre otras instituciones, donde cobraban un sueldo, pero debían devolver a los miembros de la red el 80% de los montos recibidos.
Con este mecanismos corrupto, según el Ministerio Público, la organización manejó más de RD$3mil millones.
Además de Adán Cáceres, Tanner Flete y la pastora Rossy, están en la Cárcel de Najayo, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, guarda la medida de “arresto domiciliario” en una ubicación que el Ministerio Público mantiene bajo estricta confidencialidad.
Fuente LD
