La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, manifestó que el límite de las actuaciones del Ministerio Público es la Constitución.
En ese sentido también se expresó el director de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), quien consideró que este caso demuestra que no hay cargos ni nombres que limiten la persecución contra hechos ilícitos.
En Ministerio Público acusa al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Con Cáceres Silvestre está imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.
También, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
